Editorial Nº 4

NO HAY DERECHO

Por César Rodriguez

Imagen de Germán Quibus

En pocas ocasiones ha quedado tan expuesta la impúdica relación entre el Poder Económico y el Poder Judicial como en el conflicto político-económico-judicial alrededor de la ley de medios audiovisuales entre el gobierno nacional y el grupo Clarín.

Hace más de tres años, el grupo Clarín inició una batalla judicial para evitar que le aplicaran las nuevas reglas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por considerarla inconstitucional. A tal efecto, consiguió que el ex juez Edmundo Carbone, quien fuera funcionario de la dictadura y nombrado juez en 1980, rasgo común por otro lado de muchos de los jueces todavía en actividad, dictara una medida cautelar que lo eximiera de ajustarse a la ley en defensa del “derecho de propiedad”. Las medidas cautelares, como sabemos, sin prejuzgar sobre el litigio de fondo, ponen en resguardo derechos fundamentales hasta que se dicte sentencia. Son medidas transitorias, pero su uso y abuso intencionado, como el de tantas otras medidas jurídicas y administrativas, como el famoso “cajoneo”, las transforman de hecho en sentencias definitivas. Carbone ignoró una directiva de la Corte que lo mandaba a poner un “plazo razonable” a la cautelar para que no sea una sentencia anticipada. Después, la Cámara Civil y Comercial lo estableció para diciembre de 2013. Finalmente, la Corte suprema lo volvió a cambiar y fijó el famoso 7D.

En octubre pasado, con Carbone ya jubilado, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal designó un nuevo juez para que dicte sentencia en la causa. El nuevo juez volvió a ser otra vez un jubilado, Raúl Tettamanti, porque las designaciones de los nuevos jueces “nuevos” están demoradas y trabadas en el Consejo de la Magistratura por el enfrentamiento entre el kirchnerismo y la oposición. Esta situación “irregular”, que hace años es la regular, favoreció que el nuevo juez fuera elegido “a dedo” y, según todo indicaba, “a medida” de Clarín. El gobierno nacional puso el grito en el cielo y empezó con juicios para todos lados: a miembro del Consejo y de la Cámara. ¿Resultado? El nuevo juez renunció antes de asumir.

Todo esto que parece joda es historia real. Y lo relatado es tan solo una breve reseña de tan solo una pequeña parte de tan solo una de las tantas actuaciones ilegítimas o directamente ilegales del sacrosanto Poder Judicial de la Nación. En las últimas semanas, como en las anteriores y en las anteriores…,  hubo muchos “episodios” ilegales y/o ilegítimos que involucran a jueces y al Poder Judicial. Un ejemplo: el camarista del fuero Civil y Comercial Francisco de las Carreras, uno de los que deben fallar sobre la cautelar de Clarín, fue denunciado porque aceptó como obsequio del mismo grupo Clarín un viaje a Miami, con hospedaje en un hotel cinco estrellas, con todo pago, junto con abogados de la empresa para visitar la sede de Cablevisión. Otro ejemplo: el juicio político al juez de Mar del Plata Pedro Federico Hooft, acusado de visitar durante la dictadura centros clandestinos al mismo tiempo que rechazaba hábeas corpus, en seis años no avanzó ni un solo milímetro por las continuas excusaciones y recusaciones que involucran hasta la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires. Otro: El juez de Santo Tomé, Humberto Camilo De Biase; la jueza civil de Paso de los Libres, Beatriz Duarte; el juez Alberto Pintos de Sáenz Peña, Chaco, están acusados de  ser parte de una “red de corrupción judicial” que tramitaba amparos judiciales con exorbitantes aumentos de sueldos para 24.000 agentes en actividad de Gendarmería y Prefectura gracias a la labor de miembros de servicios jurídicos y contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y estudios jurídicos próximos a ellos. Quien quiera enterarse de más le alcanzará con abrir los diarios donde estas noticias abundan.

 La presidente Cristina, en relación a las medidas económicas contra el neoliberalismo que el gobierno nacional implementa, convoca a defender la intervención del Estado, pues defender el Estado, dice, significa defender “los grandes intereses nacionales, la soberanía popular y la soberanía nacional”. No podemos dejar de recordar que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado y, como está, es indefendible. Y no es de ahora. Durante la dictadura, el grueso del Poder Judicial no solo no defendió la libertad y la vida de los ciudadanos sino que fue cómplice del genocidio desatado por los militares. Todos sabemos que el golpe genocida no fue una simple locura de los militares sino que estuvo apadrinado y sostenido por el Poder Económico, es decir, por los mismos empresarios que hoy, también hay que recordarlo, siguen siendo los principales socios del Estado.

El Poder Judicial debería impartir justicia, defendiendo al pueblo de la explotación y la prepotencia del Poder Económico, pero la vida nos enseña que, lejos de hacerlo, en realidad lo defiende y ambos comparten los mismos intereses. Seguirán, pues, juntos oprimiendo al pueblo, pero no hay derecho a que, encima, nos quieran tomar por tontos haciéndonos creer el Poder Judicial imparte justicia y que, por ende, lo tenemos que defender como algo propio.